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PROTOCOLO DE TOLERANCIA CERO ANTE LA VIOLENCIA

La Seguridad Social incorpora un protocolo de “Tolerancia Cero” ante la violencia

image002Ciudad Real es la primera provincia que incorpora en el ámbito de la Seguridad Social un protocolo contra la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, que puedan sufrir los empleados públicos por parte de los usuarios. Este protocolo, del que se beneficiarán unos 250 empleados de la Seguridad Social en la provincia, se anticipa al que a nivel nacional se quiere aplicar, para 220.000 trabajadores de la Administración General del Estado, el cual está actualmente parado porque Instituciones Penitenciarias no ha entrado en el mismo, destacó ayer María de los Ángeles Mur, delegada de Prevención por CSI-F, que expresó su satisfacción por la sensibilidad de la Dirección Provincial del Instituto Nacional (INSS) y la Tesorería de la Seguridad Social, así como de la Subdelegación del Gobierno, para poner en marcha esta novedosísima iniciativa.

Mur participó, junto al subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, y el director provincial del INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social, Antonio Rodríguez, en la presentación de un protocolo cuyo lema es Tolerancia Cero respecto a la violencia de la que pueden ser víctimas los empleados públicos, ya sea física, verbal, gestual o telefónica?. Esta actuación pionera a nivel nacional en el ámbito de la Seguridad Social tiene el propósito de dotar a la Dirección Provincial de una herramienta que contempla el tratamiento singularizado y pormenorizado para identificar las principales causas de las agresiones y el respaldo incondicional a los trabajadores mediante la orientación y asesoramiento, indicó Rodríguez, que resaltó que otros objetivos radican en establecer medidas preventivas y garantizar a las víctimas tanto asistencia sanitaria y psicológica como apoyo administrativo y jurídico, además de la actuación en los casos extremos por parte de la Fiscalía, a través de la Subdelegación del Gobierno, si el interesado lo considera oportuno. Así mismo, continuó Rodríguez, el protocolo prevé la concienciación tanto a empleados públicos como a usuarios sobre este tipo de violencia y la elaboración anual de un registro de agresiones en el que se recogerán las situaciones y conductas violentas con el fin de adoptar medidas preventivas ante este riesgo laboral.

Crispación

Unos 80 trabajadores que prestan una atención directa al público son a los que más les va a beneficiar este protocolo, estimó Rodríguez, que indicó que se ha apreciado que con las dificultades socio-económicas actuales, aunque afortunadamente no ha habido agresiones físicas, sí hay una crispación mayor por parte del ciudadano a la hora de ser atendido y uno de los colectivos más afectados son los inspectores médicos que llevan el control de las incapacidades temporales y permanentes. Por su parte, Mur, que indicó que se ha solicitado que esta medida se haga extensiva al resto de organismos de la Administración central, expuso que CSI-F ha detectado que se han incrementado desde 2011 las agresiones que se producen en la Administración del Estado, producto, entre otras cosas, de la crisis, una cierta crispación y una campaña de descrédito a los empleados públicos, lo que se refleja en el trato diario de la atención al público. Mur felicitó a la Dirección Provincial del INSS y la Subdelegación  por su disponibilidad a poner en marcha este protocolo y destacó que saben que CSI-F siempre colaborará con iniciativas destinadas a mejorar las condiciones laborales y nos tendrá enfrente si no es así, si es para el recorte o para no mantener o no mejorar la condiciones de trabajo.

Respeto y sensibilización

Con el lema Tolerancia cero frente a la violencia en el trabajo. Las personas de este centro estamos a su servicio. Respétenos, se han distribuido carteles de difusión del protocolo en todos los centros de la Seguridad Social de la provincia y se impartirán sesiones de sensibilización a los trabajadores, indicó Rodríguez, que subrayó que desde la Dirección Provincial del INSS se organizan cursos sobre gestión de conflictos con los usuarios para favorecer que las relaciones sean lo más correctas posibles y evitar enfrentamientos que puedan suponer cualquier tipo de agresión. También en la elaboración de este protocolo, por parte de la Administración, participó el responsable de Prevención de la Dirección Provincial del INSS, Lucilo Cuñado, que resaltó que con esta iniciativa se establecen medidas para prevenir los riesgos, paliarlos, aminorarlos y neutralizarlos, así como de protección a los empleados públicos.

El sindicato CSI-F en AEMET.

PROTOCOLO CONTRA AGRESIONES A EMPLEADOS PÚBLICOS

GRACIAS POR RESPETARNOS Agresiones empleados públicos
  • El protocolo responde al incremento de agresiones durante la crisis y recogerá la experiencia del personal en ‘ventanilla’ y que ejecuta embargos
  • Contempla un registro de agresiones, timbres de alarma, pantallas de separación y simulacros periódicos para repeler situaciones de violencia

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ultima el diseño de un protocolo de actuación contra las agresiones físicas, verbales y amenazas que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, ante el “volumen creciente” de estas situaciones durante los últimos años.

Este protocolo –que generaliza las experiencias piloto realizadas en algunos ámbitos como las oficinas de empleo- ha sido puesto en común con todos los ministerios y se aplicará en el conjunto de las Administración General del Estado y sus organismos dependientes. Esta iniciativa ha sido posible tras las reivindicaciones y el acuerdo alcanzado con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).

Tal y como reconoce Hacienda en su informe, durante 2013 “se ha producido un incremento en el número de incidentes registrados, distribuidos en un amplio número de organismos, pero especialmente concentrados en el área de empleo”. Esta situación se atribuye a la sensibilidad de los ciudadanos acrecentada por la situación de crisis prolongada que venimos padeciendo, tal y como ha venido denunciando CSI-F. El Gobierno aún no dispone de cifras y por eso pondrá en marcha un registro de agresiones.

El Gobierno contemplará como episodio de violencia las agresiones físicas (“pegar, golpear, empujar…”) y las conductas amenazantes que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, principalmente los abusos verbales y las amenazas, puesto que son los incidentes más comunes. El documento, acordado con CSI-F, recalca que estas situaciones son “delitos específicos contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos, reciben el nombre de atentados, resistencia y desobediencia y están regulados en el artículo 550 del Código Penal.

El protocolo recabará la experiencia personal de los empleados públicos que realizan trabajos con especial riesgo (trabajo con el público, personaciones o embargos) y se establecerá un dispositivo preventivo adaptado en cada ámbito: sistemas de detección, timbres de alarma, pantallas, personal de seguridad, cámaras y protocolos de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

A partir de ahí, establece una serie de actuaciones durante la situación de riesgo y grados de alerta, así como simulacros periódicos, que refuercen la concienciación y las conductas preventivas de los empleados públicos. Igualmente, se prevén actuaciones de apoyo jurídico y psicológico por parte del Estado y la contratación de seguros de garantía de reclamación ante terceros por daños y perjuicios por malos tratos u ofensas verbales.

CSI-F se felicita de este acuerdo, que supone un avance en la sensibilización social y dar visibilidad a este tipo de situaciones que en demasiadas ocasiones sufren con resignación y en soledad los empleados públicos por indefensión, miedo a las  represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para nada. CSI-F también espera que el Gobierno incluya las “amenazas gestuales” y las grabaciones con el dispositivo móvil con la amenaza de difundirlas en la  web (una situación que se ha constatado en las oficinas de empleo).

Este tipo de situaciones se han elevado de manera exponencial desde el comienzo de la crisis, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en ámbitos específicos como los centros penitenciarios, no es posible determinar una cifra. Pero Administración y CSI-F coinciden en que estos casos son solo la punta del iceberg, que esconde una realidad que se sufre en soledad y por tanto que es necesario denunciar, con todos los recursos públicos disponibles para respaldar social y jurídicamente a los empleados públicos

Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio sin precedentes; una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión, cuestionándose nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.

PROTOCOLO AGRESIONES AAPP

El sindicato CSI-F en AEMET.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A EMPLEADOS PÚBLICOS

 

GRACIAS POR RESPETARNOS Agresiones empleados públicosCSI-F acuerda con la Seguridad Social un protocolo pionero para prevenir la violencia a empleados públicos en su puesto de trabajo. La Administración enviará un informe a la fiscalía y prestará asistencia letrada.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social contemplará como episodio de violencia las conductas verbales o físicas amenazantes que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, a efectos de prevenir y contabilizar las agresiones.

Así se contempla en un Protocolo de Actuación en casos de Agresiones a Empleados Públicos acordado con CSI-F y que el Ministerio de Empleo pondrá en marcha, como experiencia piloto, en las oficinas de la Seguridad Social en Ciudad Real. El protocolo también contempla la elaboración de un registro y estadística anual de situaciones violentas que sufren los  trabajadores. Hasta el momento, no existen datos sistematizados, aunque la información de los delegados sindicales evidencia que existe una realidad silenciosa, y así lo reconoce también la propia Administración con este protocolo.

Esta iniciativa ha sido posible  tras la campaña de  concienciación iniciada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, tras detectar un incremento exponencial de este tipo de situaciones violentas desde el inicio de la crisis económica.

Nuestras reivindicaciones hicieron posible la puesta en marcha de una póliza de seguros en las oficinas de empleo. Ahora damos un paso más con la puesta en marcha de este protocolo, que amplía el concepto de  violencia más allá de la mera agresión física, y que esperamos se extienda pronto en el conjunto de la Administración General del Estado, así como en comunidades y ayuntamientos.

El documento, acordado con CSI-F, establece una serie de indicaciones específicas y grados de alerta para actuar en el caso de que se produzcan agresiones, desde la  solicitud de  ayuda inmediata a compañeros, superiores jerárquicos y personal de seguridad; la alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y  la atención del trabajador agredido.

Asimismo, se contempla la notificación del incidente en un Modelo de Registro de Atenciones, la denuncia a la autoridad competente, la asistencia letrada con cargo a la Administración y, en su caso, la remisión a la Fiscalía para  que actúe conforme al artículo 550 del Código Penal, que establece como delito las agresiones contra los funcionarios/as públicos/as.

CSI-F se felicita de este acuerdo, porque supone un avance en la sensibilización social y dar visibilidad a este tipo de situaciones que en demasiadas ocasiones sufren con resignación y en soledad los empleados públicos por indefensión, miedo a las  represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para nada.

Este tipo de situaciones se han elevado de manera exponencial desde el comienzo de la crisis, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en ámbitos específicos como los centros penitenciarios, no es posible determinar una cifra. Pero Administración y CSI-F coinciden en que estos casos son solo la punta del iceberg que esconde una realidad que se sufre en soledad y por tanto que es necesario denunciar, con todos los recursos públicos disponibles para respaldar social y jurídicamente a los empleados públicos

Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio sin precedentes; una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión, cuestionándose nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE AGRESIONES A EMPLEADOS PÚBLICOS

El sindicato CSI-F en AEMET.